Incapacidad Absoluta a una auxiliar de clínica ingresada en el hospital de Salud Mental

Depresión, bulimia y dos trastornos psiquiátricos. El demoledor diagnóstico de Ruth llevó a que el INSS le concediera una pensión de incapacidad absoluta. Sin embargo, en una revisión posterior se la retiró, y por eso decidió reclamar ante los tribunales. Ahora ha recuperado su prestación gracias a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 17 de Barcelona.

La revisión de grado

Ruth, auxiliar de clínica, obtuvo en 2019 una incapacidad absoluta del 100% de su base reguladora. En aquel momento estaba pendiente de ingreso hospitalario, pero ya tenía severas limitaciones psicofuncionales por padecer depresión mayor recurrente, bulimia nerviosa, un trastorno psicótico y otro de la personalidad.

Recordemos que quien sufre bulimia atraviesa episodios regulares donde come una gran cantidad de alimentos y, tras ello, vomita o consume laxantes.

Pero la tranquilidad económica que le dio la incapacidad no duró mucho, ya que en 2021 la Seguridad Social le quitó su pensión en una revisión porque "la actora no estaba afecta de incapacidad permanente en grado alguno" porque no se detectaba "clínica impeditiva".

Estado psicopatológico

Una vez valoramos su caso, presentamos una demanda y fuimos a juicio. Allí probamos, mediante informes médicos, que esta trabajadora no había experimentado mejoría alguna. En realidad, su evolución había sido la contraria, porque su cuadro clínico-depresivo había empeorado. 

Ruth tenía, incluso, alucinaciones e ideas de muerte, de forma que su estado psicopatológico era considerado como grave por los especialistas. Por ello, en el momento del juicio se encontraba ingresada en el Hospital de Día de Salud Mental. Y, aunque ella no había accedido, tenía recomendado ingresar en una unidad de agudos.

Más de 900 € al mes

El juez del Juzgado de lo Social nº 17 de Barcelona resolvió que no había quedado acreditada ningún tipo mejoría que justificara la anulación de su condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta, de modo que condenó al INSS a volver a pagarle la pensión, y a conservarle el mismo grado.

Esta auxiliar de clínica cobra ahora una prestación de 936,41 € mensuales -el 100% de su base reguladora-, un dinero que le ayuda a no tener que depender de un trabajo remunerado.

Lee o descarga la sentencia aquí: