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El pasado mes de marzo, nuestro equipo de abogados ayudó a Carmen a lograr una merecida pensión por incapacidad permanente. Denegada previamente por el INSS, el Equipo Transversal de Refuerzo de los Juzgados de lo Social de Barcelona dio luz verde a su petición.
Carmen, de profesión teleoperadora, padece diversos trastornos mentales graves que le impedían desarrollar correctamente su trabajo, el cual tuvo que dejar. Y así ha quedado demostrado ante la ley.
En 2018, esta trabajadora solicitó a la Seguridad Social una pensión de incapacidad por vía administrativa. Sorprendentemente, y pese a las patologías presentadas como causa de su petición que ahora veremos, el INSS no le dio la razón. Aún así, Carmen reclamó, pero de nuevo tampoco consiguió resultados. Y el proceso continuó con una demanda judicial ante el Juzgado de lo Social nº 18 de Barcelona. Fue de esta manera como conseguimos la Incapacidad Permanente Absoluta para nuestra clienta.
Trastornos mentales de la demandante
En el juicio, quedó probado que la teleoperadora defendida por nuestro bufete padece varias enfermedades mentales, como son el trastorno psicótico y el trastorno límite de la personalidad. Así como otro por dependencia de medicamentos psicoestimulantes. Todos ellos con evolución muy lenta, que hacen que Carmen sea susceptible de ser incluida en un programa TMS (para el tratamiento de trastornos mentales severos).
Asimismo, esta empleada ha sido ingresada en el hospital repetidas veces debido a sus patologías. Y también por intentos de autolesión. Con todos estos datos en la mano, el juez del Equipo Transversal de Refuerzo de los Juzgados de lo Social de Barcelona admitió a trámite la demanda interpuesta.
El dictamen del juzgado
En la sentencia se puede leer que ha quedado probado que
“las patologías o secuelas que sufre la demandante le incapacitan de modo permanente para el ejercicio de cualquier profesión u oficio”.
El magistrado reconoce de forma explícita que se trata de patologías psiquiátricas de “grave repercusión incapacitante”. Y añade que el alcance de la situación se agudiza con la medicación prescrita para el caso (potentes antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos y psicoestimulantes).
Finalmente, el juez estima la demanda de Carmen y exige al Instituto Nacional de la Seguridad Social que le otorgue una incapacidad permanente en grado de absoluta. De esta manera, la afectada obtiene una prestación mensual del 100% de su base reguladora -1.477,60 €-. Con efectos retroactivos, de modo que cobrará los debidos atrasos tomando como base la fecha en que Carmen dejó su puesto de trabajo.
La sentencia completa se puede consultar y descargar aquí:
