En el primer juicio de Laura se demostró, con informes médicos, que estaba muy limitada para realizar actividades laborales. Pero esto no fue suficiente para el juez de lo Social, quien dio la razón al INSS. Por tanto, la demandante -una enfermera con enfermedad de Crohn- no consiguió entonces la incapacidad permanente que ahora tiene gracias a haber recurrido al Tribunal Superior, en concreto la incapacidad absoluta.
Incapacidad Total por vía administrativa
En 2019, la Seguridad Social reconoció a esta trabajadora una incapacidad permanente total; una pensión del 55% de su base reguladora de 2.721,19 €. Desde aquel momento comenzó a cobrar una pensión de 1.496,65 € al mes. Pero se informó y vio que tenía derecho a percibir el 100%, ya que merecía una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo.
Reclamó para que el INSS le subiera el grado de incapacidad, pero desestimaron su solicitud. Se agotaba así la vía administrativa. Pero lo invalidante de su enfermedad hizo que decidiera comenzar un proceso judicial para lograr la absoluta.
Enfermedad de Crohn con fístula y hernia
Cuando salió la sentencia en 2020 después de celebrarse el juicio, Laura no podía creer lo que concluyó el magistrado: “Desestimo la demanda formulada, confirmo la resolución del INSS y le absuelvo de las pretensiones en su contra.”
Esta decisión chocaba con las limitaciones que se reflejaban en la propia resolución judicial: “Limitación para realizar esfuerzos físicos importantes/moderados mantenidos. Limitación para actividades que supongan repetidos aumentos de presión abdominal. Limitaciones para sobrecargas articulares importantes y posturas forzadas”.
La causa de todas estas secuelas era, como adelantábamos antes, la enfermedad de Crohn que padecía. Dicha patología también se detallaba en la sentencia donde sorprendentemente el INSS salió triunfador: “Enfermedad de Crohn de larga evolución, con fístula rectovaginal de larga evolución intervenida en varias ocasiones sin conseguir cierre. Gran hernia”.
2.700 € por no haber “capacidad residual”
Laura nos pidió consejo y, al valorar su caso, vimos que era viable recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los magistrados allí evaluaron lo que había sucedido e inclinaron la balanza hacia nuestro lado. Pese a que no admitieron que añadiéramos otras patologías, dictaminaron que las limitaciones por la enfermedad de Crohn ya eran suficientes para otorgar a nuestra representada una incapacidad permanente absoluta.
Llegaron a dicha conclusión analizando si había o no en este caso una “capacidad residual” para trabajar. Sobre ello, los jueces afirmaron que partiendo de “los hechos declarados probados en la instancia, se deduce la inexistencia de la misma”.
En definitiva, el TSJ de Madrid condenó a la Seguridad Social a abonar a nuestra cliente una prestación mensual del 100% de su base reguladora de 2.721,19 €, ya que “el conjunto de secuelas y limitaciones funcionales de la actora abarcan prácticamente todas las posiciones posibles en el ámbito laboral”.
Lee la sentencia si deseas saber más detalles: