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En diciembre de 2019 hubo un juicio que dio un giro a la vida a Elena. Allí tuvimos la oportunidad de ayudarla a conseguir una incapacidad permanente. Esta trabajadora había luchado por ello vía administrativa pero no obtuvo un resultado favorable. Sin embargo, debido a las limitaciones que le provoca su artritis reumatoide, junto a otras graves patologías, decidió emprender un camino judicial para lograr lo que, a día de hoy, ya tiene: una Incapacidad Total.
Un cuadro clínico ignorado
En junio de 2018, Elena solicitó al INSS una pensión de incapacidad permanente, pero se resolvió que ella no reunía los requisitos suficientes para acceder a este tipo de prestación -en ninguno de sus grados-. Tras esta negativa, interpuso una reclamación previa exigiendo una nueva valoración médica, pero su propuesta fue desestimada por la Seguridad Social en junio de 2018. Ella trabajaba mientras tanto como administrativa de logística.
Las lesiones que presenta nuestra cliente comienzan con una severa artritis reumatoide, seropositiva y erosiva de larga evolución. Pasando por fibromialgia, fatiga crónica, poliartrosis y osteoporosis vertebral. Y finalizando no solo con una tendinopatía crónica sino también con un trastorno ansioso depresivo.
El informe y la declaración del perito
El juez que llevó el caso -el cual recayó en el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona- afirma en la sentencia que, tanto el informe como las extensas explicaciones que dio el perito médico en el juicio, fueron decisivos para la resolución final. Este profesional dejó claro que la artritis reumatoide de la demandante “cursa de forma episódica, afectando a las articulaciones y provocando limitaciones y un cuadro de fatiga”. Además, ratificó que los parámetros de afectación no mejoran con el paso del tiempo.
En cuanto a la parte contraria, y como adelantábamos antes, el INSS concluyó que las patologías de Elena “no comportan una limitación funcional relevante y suficiente para incapacitar a la trabajadora”.
Veredicto de Total
Finalmente, el magistrado decretó que, por la gravedad y consecuencias de la artritis reumatoide, Elena merecía una incapacidad permanente total. Quedando así protegida económicamente por no poder trabajar en su actividad habitual de administrativa de logística. El resto de patologías se tuvieron en cuenta, pero no influyeron en esta decisión.
Por tanto, la sentencia condena al INSS a reconocerle ese grado de incapacidad, que conlleva el cobro del 55% de su base reguladora. Nuestra defendida tiene una base de 1.703,81 €, de lo que cobrará más de la mitad. Como valor añadido, a esta mensualidad se suma un pago de atrasos desde mayo de 2018.
