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Pese a necesitar un caminador, el INSS se negaba a darle la Incapacidad Absoluta

 Carmina, administrativa comercial, logra incapacidad permanente absoluta tras defender su caso en los tribunales por limitaciones físicas graves.

Carmina es una administrativa comercial que acudió a nuestro despacho porque necesitaba un grado superior de incapacidad permanente. A pesar de padecer diversas afecciones que limitan gravemente su movilidad, el INSS inicialmente solo le había otorgado una pensión de incapacidad total para su profesión habitual. Pero ahora, tras ser defendida por nuestro equipo, ha obtenido un importante logro judicial al conseguir que se le reconozca la incapacidad permanente absoluta

La valiente decisión de reclamar

Las condiciones de salud de Carmina son altamente incapacitantes. Y, por ello, tras lograr en 2020 la incapacidad total, se vio en un sinsentido. Si la Seguridad Social consideraba que no podía llevar a cabo tareas administrativas, ¿qué otro tipo de trabajo aún más liviano iba a poder realizar? Por ese motivo, en primer lugar y tal como indica el procedimiento, interpuso una Reclamación Previa, que lamentablemente fue desestimada.

No obstante, ella no se rindió y llevó su caso ante los tribunales. La demanda que presentamos recayó en el Juzgado de lo Social nº 24 de Barcelona.

Allí aportamos informes médicos que demostraban la severidad de sus limitaciones físicas -y cómo estas afectan significativamente a su capacidad para desplazarse y, sin duda, para desempeñar una profesión-.

Menos de 100 metros, y con pérdidas

En la vista oral argumentamos ante la jueza a cargo del caso que nuestra cliente sufría lumbociatalgia crónica y síndrome de cola de caballo (con fuga de heces). Pero, ante todo, destacamos que solo podía caminar hasta 100 metros de forma continuada, ¡aunque con la ayuda de un caminador!

Tras examinar minuciosamente toda la documentación, la magistrada dictaminó que el estado de salud de esta administrativa era lo suficientemente grave para que fuera merecedora de una incapacidad permanente absoluta. Y condenó a la Seguridad Social a abonarle una pensión mensual del 100% de su base reguladora, que asciende a 1.772,66 €.

La sentencia, que puedes ver o descargar a continuación, es un ejemplo valioso para otras personas que se enfrentan a desafíos similares y necesitan protección económica.

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