También los propios letrados necesitan a un abogado para defenderse ante un tribunal. Esto fue lo que sucedió en el caso de Inés, una abogada de otro bufete que recurrió a nosotros cuando el INSS le denegó la Incapacidad Permanente. Sus dolencias, la fibromialgia y la depresión, le impedían no solo llevar a cabo su trabajo, sino también sus actividades de la vida diaria. Pero esta trabajadora vio como el ‘no’ rotundo de la Seguridad Social se convirtió en uno de los grados más altos de incapacidad laboral con la pensión máxima que permite la ley -¡y con más de un año de atrasos a cobrar!-.
“Sin disfunción, sin signos clínicos...”
La evaluación que el Tribunal Médico realizó a Inés estaba repleta de valoraciones que describían lo poco que le afectaban sus enfermedades. En su dictamen se hacía constar que padecía “fibromialgia y fatiga sin disfunción objetivable. Cérvicodorsolumbalgia sin signos clínicos de radiculopatía. Trastorno adaptativo mixto. Trastorno de personalidad Cluster C sin clínica de intensidad impeditiva”. Y el INSS, por todo ello, denegó su solicitud.
Después, esta abogada interpuso una Reclamación Previa, que más tarde también fue desestimada.
Patologías muy graves
Posteriormente, presentamos una demanda y se celebró un juicio en el Juzgado de lo Social n° 22 de Barcelona. Allí pudimos demostrar que las dolencias de Inés eran muy severas y sí interfieren en sus capacidades. Acreditamos que nuestra cliente sufre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en grado lll/IV, agravada por una cérvicodorsolumbalgia. Pero, además, probamos que también le habían diagnosticado un trastorno depresivo recurrente mayor.
En los informes médicos que mostramos al juez se podía leer también que Inés está “limitada para realizar cualquier actividad laboral [...] con una puntuación de 85,63 sobre 100 en el Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), siendo el 100 el peor estado”, aspectos que resaltó el magistrado en su sentencia. A este respecto, el responsable de la Sala concluyó que “la actora está gravemente afectada para el desarrollo incluso de sus actividades diarias, por lo que con mayor razón lo estará para el desempeño de un trabajo”.
En cuanto al trastorno depresivo, el juez destacó, gracias a la documentación médica que le entregamos, que nuestra defendida “presenta un cuadro de larga y tórpida evolución que le ocasiona una importante interferencia en diversos ámbitos de su vida”.
Incapacidad Absoluta de casi 2.700 € al mes
La resolución judicial que se emitió tras la vista condenó al INSS a declarar a Inés tributaria de una incapacidad permanente absoluta, de manera que se confirmaba que la trabajadora tenía limitaciones funcionales para el desempeño de cualquier profesión. Y como Inés contaba con una base reguladora de 2.907,52 €, y le correspondía el 100% por el grado de absoluta, su pensión se fija en la máxima vigente que establece el Gobierno cada año (en 2020: 2.683,34 €). Como valor añadido, el juez le concedió un año y medio de atrasos, una cantidad que obviamente resultó ser muy elevada en su caso.
Si deseas leer la sentencia, puedes hacerlo aquí: