El INSS, condenado a conceder una Absoluta de más de 2.100 € al mes por esclerosis múltiple

Cristina, una profesora de ESO, tenía reconocida una incapacidad permanente en grado de total desde diciembre de 2019. Pero su esclerosis múltiple era tan agresiva que, en la práctica, no podía trabajar en ninguna otra profesión, y no tuvo más remedio que llevar su caso ante los tribunales para poder conseguir la incapacidad absoluta. Y así fue. La representamos y obtuvimos una victoria, en esta ocasión en un juzgado de Zaragoza.

Esclerosis múltiple recurrente-remitente

Después de que el INSS le hiciera tributaria de una incapacidad total, que la protegía económicamente solo por no poder llevar a cabo su labor docente, Cristina interpuso una Reclamación Previa por vía administrativa en enero de 2020 solicitando la absoluta. Pero su acción cayó en saco roto, ya que la Seguridad Social no accedió a su pretensión.

Cuando se celebró el juicio en el Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza -un año después, debido a la crisis del coronavirus-, mostramos nuestro desacuerdo ante la conclusión del tribunal médico, que señalaba que las secuelas de la esclerosis múltiple recurrente-remitente que sufre nuestra cliente se limitaban a un “deterioro cognitivo leve-moderado de curso progresivo. Actualmente estable”.

En este sentido, acreditamos que Cristina no había dejado de padecer brotes de su enfermedad -con distintas manifestaciones- y nuevas lesiones cerebrales. A todo ello se sumaba pérdida de sensibilidad en manos y pies, incontinencia urinaria, dolor crónico y depresión. En cuanto a su puntuación en la escala EDSS o de Kurtzke (que mide la discapacidad que provoca la esclerosis), esta es de 6, lo cual implica una afectación funcional severa. Y, a la hora de caminar, no puede hacerlo fuera de casa sin un apoyo.

En la sentencia se puede leer también que nuestra defendida acusa, a nivel cognoscitivo, un “moderado enlentecimiento en la velocidad de procesamiento”, un déficit en atención sostenida, un descenso de la fluidez verbal semántica y déficit de memoria, el cual “afecta a su capacidad de planificación”.

El veredicto del magistrado

En la resolución judicial se dicta que las limitaciones de esta trabajadora “la excluyen de la posibilidad de incorporarse eficazmente al mercado laboral por tener una capacidad que la enfermedad ha anulado, de modo que el grado correcto de incapacidad es el interesado en demanda, de forma que ha de ser estimada la pretensión ejercitada”.

Logramos así vencer al INSS en el proceso judicial, y se acordó que dicha entidad debía asignar a Cristina una incapacidad permanente absoluta del 100% de su base reguladora. Se establecía así el cobro de una pensión de 2.180,41 € al mes, con efectos económicos desde noviembre de 2019. Por tanto, a su vez ganamos para nuestra representada un pago de atrasos equivalente a más de un año de mensualidades no percibidas.