Incapacidad total a una autónoma del 75% de su base reguladora

Patricia, una asesora fiscal autónoma, tenía diversas patologías que le impedían trabajar. En 2017 comenzó un largo camino judicial hacia la incapacidad permanente, que ahora ha conseguido. Su cuadro pluripatológico, finalmente, ha sido reconocido por un juez como invalidante, contrariamente a lo que opinó el INSS cuando ella solicitó la incapacidad por vía administrativa. Aquí puedes leer paso a paso cómo sobrevinieron los acontecimientos.

De baja desde 2016

Esta trabajadora empezó un proceso de Incapacidad Temporal en octubre de 2016. Un año después, fue valorada por el equipo de evaluaciones médicas del INSS, quienes consideraron que Patricia no tenía ninguna patología limitante. Le denegaron, por tanto, cualquier grado de incapacidad permanente. Sin embargo, sí dejaron constar que habían detectado un “trastorno adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo, en paciente con fibromialgia, en tratamiento farmacológico”.

Contra esta decisión, ella tramitó una reclamación previa, pero también fue desestimada. No obstante, Patricia no se rindió ante la opinión de la Seguridad Social e interpuso una demanda que en 2017 entró en el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona. 

Enfermedades acreditadas por el forense

Como las patologías de esta profesional estaban diagnosticadas por centros de la sanidad privada, en el juicio, el magistrado solicitó la evaluación de un médico forense. El objetivo era determinar el alcance de las limitaciones psicofísicas que le provocan a nuestra cliente sus dolencias. Y el testimonio del forense no dejó lugar a dudas: “depresión crónica, trastorno adaptativo mixto, síndrome de fatiga crónica moderado, fibromialgia grave, colon irritable, insomnio y limitaciones para realizar actividades propias de la vida diaria (como planificación, previsión y ejecución)".

Bajo el criterio de este facultativo, “este cuadro pluripatológico ocasiona en la demandante un déficit funcional significativo que la limita para las tareas fundamentales de su profesión habitual como asesora fiscal”. Un argumento que convenció al juez, de manera que emitió un fallo con el que ahora nuestra defendida está protegida económicamente al no poder desarrollar su actividad laboral.

Incapacidad Total Cualificada

El juicio se saldó finalmente con una condena al INSS, quien se vio obligado a reconocer a Patricia una Incapacidad Permanente Total para su trabajo de asesora fiscal autónoma. Habitualmente, la pensión de incapacidad total es del 55% de la base reguladora del trabajador. Sin embargo, al tener nuestra cliente más de 55 años -y acreditar que no tenía más ingresos-, le correspondía una Incapacidad Total Cualificada. Esto significa que la pensión aumenta un 20%, de manera que el tribunal dictó que Patricia tenía derecho al 75% de su base reguladora. Con efectos retroactivos desde el momento en que dejó de ejercer, lo que significa un sustancial pago de atrasos a Patricia. 

A continuación, puedes ver la sentencia que acabamos de comentar: