Indemnización de 39.000 euros a una operaria del metal en concepto de incapacidad parcial

Nuestro equipo de abogados ha ganado otro juicio contra el INSS y la mutua de una trabajadora, en esta ocasión con una incapacidad permanente parcial. Nuestra protagonista, Clara, tuvo en abril de 2015 un accidente de trabajo mientras desarrollaba su jornada como operaria del metal. Tras ello, comenzó una baja médica que se agotó en noviembre de 2016. Y en ese momento decidió solicitar una pensión de incapacidad permanente.

Un accidente de trabajo con secuelas

El accidente sufrido en su empresa le había provocado una hernia discal. Además, había tenido que seguir después un tratamiento en una clínica del dolor. Y, posteriormente, le fue realizada una discectomía, intervención quirúrgica que trata este tipo de hernias. Pero Clara recibió una respuesta cuanto menos sorprendente por parte de la Seguridad Social, porque solo se le reconocía la existencia de una cicatriz. 

Se le denegaba así su derecho a una incapacidad permanente. Y Clara tuvo que volver a su trabajo. Sin embargo, pocos días después su empresa la despedía. No obstante, ella continuó insistiendo al INSS por vía administrativa para al menos poder estar protegida económicamente por accidente de trabajo, pero este organismo desestimó su reclamación previa.

Los letrados de nuestro despacho demostraron que actualmente la demandante padece, debido al percance, secuelas de lumbociatalgia residual: dolor en la zona lumbar de la columna vertebral que se intensifica y extiende por la presión del nervio ciático. Ante esta realidad probada con informes médicos, la magistrada del caso ha dictaminado que:

“dichas secuelas le pueden ocasionar una disminución superior al 33% en su rendimiento normal, dado que su profesión precisa la realización de esfuerzos físicos”. 

Indemnización por incapacidad parcial

La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Social nº 24 de Barcelona en marzo de este año, ha confirmado que Clara es merecedora de una incapacidad permanente parcial. Por este motivo, la jueza obliga a que se le indemnize con una cantidad correspondiente a 24 veces su base reguladora. No existiendo en esta circunstancia una pensión mensual, sino dicho abono único. 

Como la base reguladora de nuestra cliente como operaria del metal era de de 1.626,68 €, la indemnización ha alcanzado el valor de 39.040,32 €. Este importe será transferido a Clara por la mutua de la empresa, que es la condenada a pagar por el accidente de trabajo que ha generado la incapacidad parcial.

Os facilitamos a continuación el texto íntegro de la resolución judicial: