La historia de Eugenia con la incapacidad ha pasado por muchas etapas y no ha sido fácil. En el año 2012 obtuvo una incapacidad permanente absoluta por depresión, pero su tranquilidad duró poco. Hasta mayo de este año no ha logrado recuperarla, momento en que el Juzgado de lo Social n° 26 de Barcelona se la volvió a conceder con el apoyo de nuestros abogados.
Eugenia era administrativa comercial de banca y hace ahora siete años que el INSS le reconoció la incapacidad absoluta por “trastorno depresivo mayor recurrente”. Sin embargo, en 2014 se le retiró al considerar que su patología estaba en remisión y no era causa de limitación funcional alguna. Pero no le rebajaron su grado, sino que le negaron cualquier tipo de incapacidad permanente.
Bajas médicas constantes
La trabajadora volvió entonces a su puesto de trabajo, pero en 2016 comenzó una incapacidad temporal. Esta se agotó en 2017, y Eugenia no dudó en intentar que su baja médica pasara a ser de nuevo una incapacidad permanente. Lo volvió a solicitar al INSS, pero a pesar de que el ICAM le diagnosticó un “trastorno depresivo persistente”, le volvieron a negar su derecho a una incapacidad permanente.
Ella reclamó por vía administrativa, pero su acción tampoco dio resultados positivos. Tras ello, se reincorporó una vez más su trabajo, y pudo sobrellevar su actividad laboral disfrutando de algunos permisos intermitentes. Aunque de nuevo su patología hizo que, en 2018, Eugenia volviera a estar en situación de incapacidad temporal. Y cuando el marzo de 2019 recibió el alta médica, su estado de salud se había agravado. A la depresión grave se sumaba ahora el trastorno bipolar y un trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Fue entonces cuando decidió acudir a nosotros.
El análisis del juez
Según el magistrado del Juzgado de lo Social n° 26 de Barcelona, nuestra defendida ejercía un trabajo -como comercial de banca- que, pese a no caracterizarse por exigencias físicas, requiere “grandes cotas de atención y concentración”. Este, junto a otros aspectos propios de la profesión como los criterios comerciales de rendimiento, pueden “generar estrés”.
El juez considera demostrado el estado psiquiátrico de Eugenia, valorando todo su historial. Y certifica en la sentencia que, al menos desde 2016, la demandante no “ha estado en condiciones de asumir los requerimientos de continuidad y eficacia propios de cualquier actividad productiva. Y menos los específicos de su profesión”. Como valor añadido, y respecto al empeoramiento de Eugenia, da la razón a nuestros abogados aludiendo a que “tal y como acertadamente apuntó el letrado de la parte actora, en caso de impugnación judicial debemos estar al estado patológico del beneficiario en el momento del juicio”.
La resolución final
Finalmente, la depresión, el trastorno bipolar y el TOC de esta administrativa de banca le han valido la calificación de merecedora de una incapacidad permanente absoluta. Recupera así gracias a la ley su incapacidad absoluta, tras haberla perdido hace ya cinco años. Y haber pasado por diferentes bajas médicas y solicitudes a la Seguridad Social. Un camino de altibajos e incertidumbres que al fin se ha solucionado ante los tribunales.
Pero la lucha de esta demandante no ha sido en vano ya que cobrará atrasos desde septiembre de 2017, aparte de una mensualidad por no poder trabajar en ninguna profesión -que en su caso asciende a 2.086,90 euros-. Esos atrasos le suponen a nuestra defendida aproximadamente 40.000 euros adicionales que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida de ahora en adelante.
La sentencia, realmente interesante, se puede leer aquí: