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Beneficios sociales y fiscales de la Incapacidad Permanente

Los pensionistas de Incapacidad Permanente tienen otros beneficios además de la pensión de invalidez que cobran y sus propias ventajas (por ejemplo, con una incapacidad absoluta se puede no volver a ejercer un trabajo, sea cual sea). Pero, adicionalmente, tras el reconocimiento de una invalidez se consigue automáticamente un certificado del 33% de discapacidad que, aunque no es a todos los efectos, sí garantiza ciertos beneficios sociales y fiscales.

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Índice de contenidos

  1. Vídeo
  2. Beneficios de carácter personal
  3. Protección económica y ayudas
  4. Inserción laboral
  5. Tratamientos farmacéuticos
  6. Equipamiento médico
  7. Adaptación de vivienda y vehículos
  8. Transporte público
  9. Estacionamiento
  10. Descuentos en ocio y cultura
  11. Becas para educación
  12. Conclusión

Beneficios de carácter personal

Posiblemente, la principal y primera ventaja de la incapacidad permanente es sin duda que se cobra una pensión. Y mientras tanto, se puede seguir trabajando en puestos compatibles con el estado de salud que justificó el reconocimiento de la prestación. Aunque esto está enfocado sobre todo a la incapacidad total, no es totalmente descartable en la absoluta y en la Gran Invalidez.

Puede ser en la misma empresa en la que se estaba trabajando hasta ahora o en cualquier otra, o también como autónomo. Teniendo así la posibilidad de contar con una fuente de ingresos alternativa que complemente la cuantía de la pensión. 

Protección económica y ayudas

Dependiendo del grado de incapacidad y del número de discapacitados que haya en la unidad familiar, es posible solicitar distintos tipos de ayudas de protección económica. Estas dependen sobre todo de las limitaciones que se tengan en la vida diaria. 

Beneficios sociales, fiscales y ayudas

Disponer de un certificado de discapacidad del 33% conlleva una serie de beneficios de tipo social. Estos podrán variar según la Comunidad Autónoma donde se resida, siendo los más destacados los siguientes:

Reducciones en el IRPF

A efectos de la Renta, como todo pensionista tiene al menos un 33% de discapacidad, su mínimo personal y familiar aumenta en 3.000 € más. Este mínimo es la cantidad general que no se somete al impuesto. En 2020, el mínimo del contribuyente es de 5.550 €. Por tanto, un pensionista de incapacidad tendrá un mínimo personal y familiar de 8.550 €.

Reducción de IVA en la compra de un vehículo especial

Se aplicará solamente el 4% de IVA en la adquisición de un vehículo para el uso de personas con discapacidad.

Exención en el impuesto de matriculación de vehículos

Exención del impuesto de matriculación de los automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que hayan pasado al menos 4 años desde la matriculación de otro vehículo en las mismas condiciones, aunque esto no se exigirá si se acredita un siniestro total.
  • Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos 'inter vivos' (venta a otro particular) durante los cuatro años siguientes a la fecha de matriculación.

Exención en el impuesto de circulación de vehículos

Estarán exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica las personas de movilidad reducida, así como las que tengan discapacidad y posean vehículos matriculados a su nombre (y para su uso exclusivo). 

Adquisición de vivienda

Ayudas para la compra de viviendas de protección oficial, tanto subvenciones de los intereses del préstamo solicitado como ayudas para la entrada -que variarán dependiendo del plan de vivienda al que se acoja el beneficiario-.

Otros beneficios sociales y fiscales de la Incapacidad Permanente son las ayudas por familia numerosa, la ayuda anual por miembros discapacitados en la unidad familiar, el subsidio extraordinario por desempleo (RAI) y las ayudas para autónomos.

Inserción laboral

Además de las ayudas económicas y la pensión, las personas con discapacidad reconocida cuentan con un número de plazas reservadas de empleo público, y también en empresas privadas. Como mínimo, el 7% de la oferta de empleo público debe estar destinada a personas con discapacidad. Y en empresas a partir de 50 empleados, al menos un 2% de la plantilla deben ser empleados con discapacidad.

Tratamientos farmacéuticos

De acuerdo a la ley 13/1982 sobre la integración social de las personas con discapacidad, los pensionistas cuentan con precios reducidos en los medicamentos recetados. Con máximos de aportación en tratamientos crónicos o de larga duración, que pueden variar en función de la renta del afectado y de su condición.

Equipamiento médico

Es posible solicitar el pago total o parcial del equipo médico necesario para personas con discapacidad, como prótesis o sillas de ruedas. Tanto para su adquisición como para su renovación. El tipo de ayuda recibida dependerá del grado de invalidez del afectado, de su renta y, en ocasiones, del estado de su unidad familiar. Para conseguir información es posible dirigirse al servicio de Atención al Ciudadano, al Ayuntamiento de la localidad o a la Seguridad Social.

Adaptación de vivienda y vehículos

En el caso de los afectados por incapacidades que limiten su movilidad y necesiten adaptar sus domicilios o vehículos a motor -tanto para mantener su calidad de vida como para seguir trabajando-, es posible recibir ayudas en forma de pago total o porcentual de los gastos generados por estas adaptaciones. Aunque estas ayudas difieren de una Comunidad Autónoma a otra. Para informarse hay que dirigirse al Ayuntamiento de la localidad o la Seguridad Social.

Transporte público

Las personas con distintos grados de incapacidad pueden solicitar abonos para viajar en transporte público a precio reducido, aunque el grado necesario de invalidez difiere según la Comunidad Autónoma donde se resida.

Estacionamiento

En toda la Unión Europea es posible solicitar tarjetas de aparcamiento para estacionar en las plazas reservadas para discapacitados. E incluso pedir la creación de plazas nuevas cerca de la residencia habitual o del lugar de trabajo.

Para solicitar este tipo de tarjeta de aparcamiento es necesario dirigirse al Ayuntamiento de la localidad de residencia, y cumplir alguno de los siguientes requisitos:

  • Discapacidad no inferior al 33% (por lo que no todos los pensionistas de incapacidad permanente pueden acceder a ella).
  • Contar con un diagnóstico de movilidad reducida.
  • Ser titular de vehículos dedicados al transporte de personas con discapacidad.

Descuentos en ocio y cultura

Tanto instituciones públicas como empresas privadas ofrecen descuentos o incluso entradas gratis a personas con distintos grados de incapacidad, al igual que lo ofrecen a estudiantes o a personas de la tercera edad. Para recibir información es posible dirigirse al Ministerio de Cultura o a la empresa propietaria del espectáculo, y en muchos casos también se puede encontrar esta información en las taquillas.

Becas para educación

Hay distintas becas de estudios destinadas a personas con discapacidad en instituciones tanto públicas como privadas. De este modo se cubren gastos de transporte, material, estudios o un porcentaje de estos gastos.

Para encontrar información sobre las becas para personas con discapacidad de un determinado centro, lo más fácil es dirigirse a la institución directamente o al Ministerio de Cultura en el caso de tratarse de un centro público.

Conclusión

Las prestaciones sociales en el caso de ser tributario de una incapacidad laboral no se limitan a la pensión recibida, especialmente cuando el porcentaje reconocido supera el 33% automáticamente asignado.

Preguntas frecuentes sobre los beneficios sociales y fiscales de la Incapacidad Permanente

Ventajas como el aumento del mínimo personal y familiar en la declaración de la renta, y descuentos en la compra, matriculación y el pago de impuestos de un vehículo.

A los beneficiarios de una incapacidad total se les reconoce automáticamente un grado de discapacidad del 33%. Pero no a todos los efectos, sino solo a los derivados de la ley 51/2003 (igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal).

Según el porcentaje de discapacidad, se tienen más o menos beneficios fiscales y sociales. La inserción laboral es uno de ellos, junto a deducciones en la renta o a ayudas para la compra de viviendas de protección oficial, entre otros.

Se solicita por vía administrativa al INSS, tras comprobar previamente que se cumplen los requisitos que exige el grado de incapacidad que se va a pedir.

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