Absoluta de casi 2.500 € al mes por artrosis grave de columna

Álvaro trabajaba como gestor de cuentas (Key Account Manager) en una empresa, siendo responsable de los clientes más importantes de la compañía. Sin embargo, estaba afectado de una severa artrosis de columna, que le impedía llevar a cabo su trabajo. El INSS le había reconocido una incapacidad total para su profesión habitual, pero la realidad era que, pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, no podía realizar ningún tipo de actividad laboral por sus problemas lumbares y el dolor que le provocaban. Finalmente, logramos para él una incapacidad absoluta, ¡con una sentencia cuanto menos curiosa!

Incapacidad Total tras Reclamación Previa

Cuando Álvaro obtuvo la incapacidad total inicialmente, en 2021, no fue como resultado de su primera solicitud por vía administrativa. Tuvo que interponer una Reclamación Previa para conseguirla, lo que no es nada habitual, ya que esta clase de reclamaciones suelen ser desestimadas. 

En aquel momento, el tribunal médico emitió un dictamen donde reconocía que el trabajador había sido operado de artrodesis -una cirugía donde se fijan dos piezas óseas de forma rígida e irreversible- a causa de una artrosis en la espalda. Las vértebras L4 y L5, las dos más bajas de la columna lumbar, fueron las afectadas en este caso.

Asimismo, los inspectores médicos también indicaron en su informe que Álvaro sufría una reducción del espacio intervertebral en otros huesos de la zona, una dolencia que ocasiona desgaste y dolor.

Amplia limitación funcional

Cuando fuimos a juicio para luchar por su incapacidad absoluta, una vista que se celebró en el Juzgado de lo Social nº1 de Barcelona, demostramos que nuestro cliente no podía ejercer ninguna profesión. Hasta las pruebas de los abogados del INSS coincidían, en cuanto a diagnóstico y efectos, con las nuestras. Así lo hizo constar el propio magistrado en su sentencia.

En ella detalló que este gestor de cuentas padecía una "amplia limitación funcional". Veamos cómo lo argumentó.

Las palabras del juez

La resolución judicial recoge que "la propia Entidad Gestora reconoce que no puede realizar un trabajo que se debe considerar liviano -pues de la resolución impugnada no se entiende que haya cambiado la profesión-". El juzgador afirmaba así que, si la Seguridad Social le había otorgado una pensión de incapacidad total para su ocupación de índole administrativa, donde no eran necesarios los esfuerzos físicos, era evidente que Álvaro no podría desempeñar tampoco otros oficios.

En esta línea, añadió que "si ni tan siquiera a modo de ejemplos la demandada no ha señalado qué abanico de actividades podría ser realizadas por la parte actora con un mínimo de continuidad y profesionalidad, no es posible entender que esté solo limitado para ese trabajo liviano".

Casi 2.500 € mensuales, con atrasos

En consecuencia, el juez falló a nuestro favor condenando al INSS a aumentar su grado de incapacidad al de absoluta, una prestación del 100% de la base reguladora. Dicha base, en el caso de nuestro defendido, ascendía a 2.496,71 €, y esa cifra es la que ahora cobra mes a mes. 

Como valor añadido, la sentencia también obliga a la entidad pública a abonarle atrasos desde el año 2020, momento en que se le debió reconocer la incapacidad absoluta. 

Descarga o consulta esta resolución aquí: