Recientemente había obtenido un certificado de discapacidad del 70%. Penélope sufre Sensibilidad Química Múltiple (SQM) desde hace 10 años, entre otras patologías. Esta farmacéutica autónoma decidió llamarnos para llevar a juicio a la Seguridad Social porque, pese a sus dolencias, no le reconocían la incapacidad permanente. E hizo bien, pues finalmente logró lo que tanto necesitaba y, además, en uno de los grados más altos que existen: la absoluta.
Cuando ya no se puede más
Penélope comenzó un proceso de incapacidad temporal en noviembre de 2018, pero acabó dejando de ejercer y dándose de baja en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) en diciembre de 2019. Pero, si miramos la cronología, antes de tener que renunciar a desarrollar su profesión hubo más acontecimientos. En febrero de 2019 la evaluó el tribunal médico, y un mes después el INSS le denegaba la incapacidad permanente.
El SGAM (Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques) había emitido un dictamen donde señalaba que la farmacéutica padecía únicamente “brote álgico en contexto de fibromialgia/síndrome de fatiga crónica y trastorno adaptativo en control, pendiente de valoración neurocognitiva”. De ahí que se le denegara su derecho a una incapacidad, porque el tribunal médico se limitó, prácticamente, a constatar un brote de su enfermedad. Y sin mencionar la otra afección tan importante que afecta a Penélope: la Sensibilidad Química Múltiple.
Cuadro clínico limitante
Tras agotar el cauce administrativo, presentamos una demanda judicial en julio de 2019, cuando aún Penélope no se había dado de baja en el régimen de autónomos. Ya en el juicio, que tuvo lugar en el Juzgado de lo Social nº 14 de Barcelona, probamos que nuestra cliente tenía un cuadro clínico mucho más grave que el expuesto por el tribunal médico. De los informes médicos que entregamos a la jueza se desprendía que esta farmacéutica tiene un diagnóstico de “Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple de más de 10 años de evolución y Síndrome de Fatiga Crónica (SFG), asociado a fibromialgia. Leve déficit atencional, grave enlentecimiento y leve déficit en aprendizaje”.
Estos documentos adquirieron una enorme relevancia en la vista judicial, ya que con ellos se acreditaba que las patologías presentaban mayor entidad limitante que la reconocida en la resolución del INSS.
Consecuencias neuropsicológicas y físicas
La magistrada también confirmó que la capacidad de atención, la velocidad de procesamiento y la memoria de Penélope estaban afectadas. Y añadió en la sentencia detalles tales como sus mareos y vértigos, las palpitaciones frecuentes, los temblores y la sudoración profunda. Junto a una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, a lo que, por si fuera poco, se añadía un episodio de depresión mayor.
Y no olvidemos que esta especialista del sector farmacéutico ostentaba un 70% de discapacidad, incluso con superación del baremo que determina la existencia de dificultades de movilidad.
Incapacidad Absoluta y atrasos
La conclusión de la jueza fue clara: “Procede estimar la demanda, declarando a la demandante en situación de incapacidad permanente absoluta”. E indica en su resolución de diciembre de 2020 que si bien la discapacidad de Penélope “no tiene efectos vinculantes en el procedimiento, el porcentaje resulta muy significativo”.
El resultado, aparte de la condena al INSS a abonarle una mensualidad por incapacidad absoluta, fueron los efectos económicos que logramos para nuestra defendida. Estos se fijaron en diciembre de 2019, es decir, que también tiene derecho a cobrar un año de atrasos.
Consulta tú mism@ la sentencia original aquí: