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Alberto, representante de productos químicos, tenía tanto problemas de visión como traumatológicos -siendo incluso candidato a una prótesis de cadera-. Y sufría lumbociatalgia a causa de una hernia discal. Pero el INSS no le concedía ningún tipo de pensión de incapacidad permanente. Hasta que fue a juicio y lo consiguió con nuestro apoyo legal.
Un verano desafortunado
El 4 de agosto de 2020, el tribunal médico valoró a este trabajador, pero no fue muy indulgente con él. En la misma línea, el INSS se pronunció dos semanas después, denegándole la incapacidad.
El final del verano tampoco trajo mejores noticias, porque en septiembre se desestimó también la Reclamación Previa que Alberto había interpuesto.
Lesiones del demandante
Trasplante de córnea
En el acto del juicio, celebrado en el Juzgado de lo Social nº 19 de Barcelona en octubre de 2021, demostramos en primer lugar que nuestro cliente sufría pérdida de visión, en concreto tenía una pérdida severa de la agudeza visual (AV) en el ojo izquierdo. Y que esto era debido a la formación de depósitos de calcio en la córnea. Por ello, se la habían tenido que trasplantar. Además, también había sido intervenido quirúrgicamente de cataratas. El resultado era que tenía una AV de 0.2 en uno de los ojos.
Coxalgia y lumbociatalgia
Por otro lado, probamos que nuestro defendido tiene artrosis de cadera, lo que le provoca un enorme dolor (coxalgia) tratado con infiltraciones. En relación con esto, el juez destacó que la dolencia “ha mostrado un empeoramiento progresivo”.
Paralelamente, el trabajador también está diagnosticado de lumbociatalgia izquierda con protusión y hernia discal.
Arritmia
Por último, aportamos pruebas de que este representante comercial padece una arritmia en el corazón llamada flutter auricular. Y que por ello le habían realizado dos ablaciones.
De Incapacidad Parcial a Total
Aplicando la Escala de Wecker, muy utilizada en la jurisprudencia, el magistrado determinó que nuestro cliente tiene una pérdida de agudeza visual del 24%, por lo que le correspondería una incapacidad en grado de parcial. Dicho grado supone una indemnización, no una pensión mensual.
Sin embargo, haciendo una valoración conjunta, y sumando sobre todo sus problemas discales y de cadera, resolvió que sí era merecedor de una incapacidad total: una pensión que le protege económicamente por no poder ejercer su profesión habitual, pero sí otras más livianas o sedentarias.
Por último, el juzgador ha dotado a esta condena de un año y dos meses de atrasos. Un pago adicional a la prestación que Alberto recibe ya mes a mes.
Visualiza o descarga la sentencia aquí:
