El Tribunal Superior vuelve a darnos la razón: Absoluta por lupus y artritis grave en las manos

featuredEn este largo proceso hemos defendido los derechos de una compañera abogada. La representamos en un primer juicio en los Juzgados de lo Social, donde perdimos frente al INSS. Pero consideramos que el fallo fue injusto, y por eso elevamos el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Allí se analizó lo que había ocurrido y conseguimos una gran victoria para nuestra cliente, en el sentido más amplio de la palabra. Porque obtuvo lo máximo a lo que podíamos aspirar.

Solo una Incapacidad Total

Marcela tenía concedida desde mayo de 2018 una incapacidad total para su profesión habitual de abogada, pero su cuadro clínico era tan grave que necesitaba la absoluta. Ella intentó que le aumentaran el grado mediante una Reclamación Previa, pero enseguida su pretensión fue desestimada.

Fue entonces cuando contactó con nuestro despacho y decidimos llevar su caso a juicio. Para nuestra sorpresa, en los juzgados de instancia fue la Seguridad Social quien ganó la batalla. En diciembre de 2019. En definitiva, un año y medio de reclamaciones que no dieron fruto, sin que se le otorgara la incapacidad absoluta.

Pero nosotros lo veíamos claro y no nos rendimos, de manera que presentamos un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior.

Combinación alarmante de patologías

Para que podáis haceros una idea de por qué no dudamos en recurrir la sentencia inicial, Marcela padece Lupus Eritematoso Sistémico (LES), agravado con artropatía de Jaccoud -una artritis que deforma manos y pies, y que sufre un 5% de los pacientes con lupus-. A su vez, está diagnosticada de síndrome de Sjögren, un trastorno autoinmunitario. Y también de depresión, junto a fatiga y astenia intensa, todo ello provocado por el LES. Por último, su corazón tiene una endocarditis llamada “de Libman-Sacks”, igualmente causada por el lupus.

En concreto, la artropatía de Jaccoud se manifestaba en ella sobre todo deformando gravemente sus manos.

El recurso de suplicación

Los magistrados del alto tribunal estudiaron la sentencia denegatoria y nuestras alegaciones al respecto, y concluyeron que esta letrada sí debía ser tributaria de una incapacidad absoluta. En el documento que nos da la razón se puede leer que “el magistrado aplicó indebidamente las normas sustantivas al no calificar este estado incapacitante profesional como constitutivo del grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo”. Los jueces del TSJC rectifican así al juzgador de lo Social que falló en contra de Marcela.

Pensión máxima y tres años de atrasos

La base reguladora de Marcela era de 2.981,54 €, importe que sobrepasa la pensión máxima permitida por el Estado en 2021. Por esa razón, esta compañera cobra ahora una pensión de 2.707,49 € mensuales por incapacidad absoluta (el tope legal). Pero, además, hemos conseguido para ella unos atrasos de casi tres años, ya que la fecha de efectos es desde marzo de 2018 y la sentencia está fechada en febrero de 2021. Un resultado final muy satisfactorio tanto para Marcela como para nosotros como profesionales.

¡Lee la sentencia!

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