Un limpiador que apenas puede caminar logra la absoluta demandando al INSS y a la mutua

Álvaro tuvo un accidente de trabajo hace años, tras el que consiguió la incapacidad permanente en grado de total para su profesión habitual. Sin embargo, como en otros casos de éxito que encontrarás en nuestra web, su estado de salud y limitaciones físicas le hacían merecedor de una incapacidad absoluta. Pero el INSS no cedía. Y nosotros vimos que acudiendo a los tribunales sí podía haber posibilidades. Y eso es exactamente lo que sucedió.

Lesión y artritis de rodilla

En febrero de 2003 fue cuando este peón de limpieza obtuvo la incapacidad total, una pensión del 55% de su base reguladora. El tribunal médico reconoció en ese momento que Álvaro había sufrido una lesión en el menisco derecho que, tras una cirugía, había derivado en artritis. E hizo constar que esto le provocaba “una marcada limitación funcional, cojera importante a la marcha y gonalgia (dolor localizado) persistente”.

Ya en 2019 el trabajador pidió una revisión de grado, pues había desarrollado una rara patología conocida como Síndrome de Scheie, que le provocaba múltiples limitaciones en todo el cuerpo y que apenas le permitía caminar. Y cuando le examinaron los inspectores médicos, emitieron un dictamen en el que se reflejaba que Álvaro presentaba efectivamente una “limitación de la marcha a 50-100 metros por rigidez articular en ambas rodillas”. A eso se añadía que padecía disfagia (dificultad para tragar), omalgia (dolencia de hombros), túnel carpiano, morfea (enfermedad de la piel poco frecuente) y psoriasis.

Pese a este diagnóstico, el INSS decidió no aumentar su pensión hasta el 100% -incapacidad absoluta- “al constituir las actuales secuelas el mismo grado de incapacidad permanente reconocido”.

Demanda por accidente de trabajo

Cuando Álvaro nos llamó y estudiamos su caso, tramitamos una demanda contra el INSS, la mutua y la propia empresa. Y se estableció que, si ganábamos, el 45% lo debía abonar la Seguridad Social y el 55% la mutua. Porque la incapacidad total que él ya tenía era, como señalábamos al principio de este artículo, por un accidente laboral. Pero si se le asignara la absoluta esta sería por enfermedad común debido al empeoramiento, por tanto dicho excedente en la prestación -el 45%- estaría a cargo del INSS (que es por ley el pagador si la contingencia es común).

El hecho probado cuarto

En la sentencia, que se publicó posteriormente, se puede leer que el limpiador interpuso una Reclamación Previa por vía administrativa para seguir luchando por su prestación. Aunque su solicitud fue desestimada. Este hecho se reproduce en la resolución judicial en el hecho probado cuarto. Y, a continuación, la jueza directamente afirma que “la resolución impugnada no es ajustada a derecho, pues el cuadro clínico de la parte actora la sitúa bajo las coordenadas de la incapacidad permanente absoluta”. ¡Nos daba así la razón ya al comienzo de la sentencia!

Incapacidad Absoluta por empeoramiento

La magistrada alega en la sentencia que “las nuevas lesiones ciertamente entrañan un empeoramiento respecto del cuadro médico inicial”, y que incluso nuestro cliente “precisa de una mini-scooter para desplazamientos más largos”. En este sentido, la juzgadora concluye que “se considera, pues, constatado que existen serias dificultades para la deambulación”.

Por todo ello, en enero de 2021 declaró a nuestro defendido tributario de una incapacidad permanente absoluta, condenando al INSS y a la mutua de la empresa de limpieza a pagarle -de forma repartida, como indicábamos líneas arriba- una pensión que asciende a 1.409,63 € al mes en total.

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