Una odontóloga con artrosis adelanta su “jubilación” con una incapacidad del 75%

Con una edad cercana a la jubilación, Lola se ha podido retirar con una pensión de incapacidad permanente, en concreto en el grado de total con una cuantía del 75% de su base reguladora, lo que se denomina incapacidad total cualificada. Padecía artrosis en las manos, entre otras dolencias invalidantes, de manera que le era imposible seguir ejerciendo como dentista, su profesión habitual.

Denegación inicial

Esta trabajadora solicitó la incapacidad permanente al INSS en 2020, pero la entidad pública se la denegó. Pese a constatarse que sufría rizartrosis -artrosis que afecta al pulgar de la mano- y tendinopatía en el hombro izquierdo, el tribunal médico consideró entonces que Lola estaba aún en tratamiento médico y que su situación clínica no era “impeditiva”.

Asimismo, la Reclamación Previa que interpuso después también fue desestimada, y decidió llamarnos para seguir luchando en los tribunales.

Las pruebas para el juicio

En la vista judicial, que tuvo lugar en el Juzgado de lo Social nº 25 de Barcelona, aportamos pruebas que corroboraban que nuestra cliente estaba muy limitada para desempeñar las tareas propias de una odontóloga. En concreto, demostramos ante el juez que, además de la rizartrosis (que era bilateral) también estaba afectada de artrosis nodular en las manos. Dicha patología produce una grave inflamación de las articulaciones. Todo ello provocaba que la demandante tuviera una gran dificultad para realizar el gesto de ‘pinza’ con fuerza.

A su vez, ampliamos su diagnóstico del hombro probando la existencia de omalgia, es decir, un síndrome que genera dolor y déficit funcional en los hombros. 

Además de informes médicos, presentamos una prueba biomecánica a la que el juzgador dio más valor que a la “exploración puntual” del tribunal médico, como se puede leer en la propia sentencia.

Pensión mensual más atrasos

El magistrado, en su sentencia, afirmó que las lesiones de esta dentista le impiden llevar a cabo las “actividades manuales de precisión propias de su profesión”. Por este motivo, condenó a la Seguridad Social a abonarle una pensión de incapacidad total, con atrasos desde el año 2020. Específicamente, logramos en este caso una total cualificada, cuyo importe asciende al 75% de su base reguladora -ya que la beneficiaria es mayor de 55 años y no trabaja en otro empleo-.

Como indicábamos al comienzo de este artículo, a Lola le faltaban pocos años para jubilarse, de forma que consiguiendo este tipo de incapacidad ha podido retirarse antes de tiempo. No obstante, cuando cumpla su edad de jubilación ordinaria podrá jubilarse si le resulta más rentable que mantener la prestación por incapacidad ahora ganada.

Lee la resolución judicial aquí: