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Una enfermera pasa de la Absoluta a una Gran Invalidez con casi 30.000 € de atrasos

Una enfermera pasa de la Absoluta a una Gran Invalidez con casi 30.000 € de atrasos
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Una pensión de 2.000 € y 30 meses de atrasos. Ese ha sido el resultado de la demanda que pusimos en nombre de Menchu, una enfermera con ceguera y otras enfermedades invalidantes. La jueza del Juzgado de lo Social nº 24 de Barcelona nos ha dado la razón concediendo a nuestra cliente el mayor grado de incapacidad permanente -una gran invalidez-, con una fecha de efectos de tres años hacia atrás.

La negativa tras 18 meses de baja

En enero de 2018, Menchu inició un proceso de incapacidad temporal que duró 18 meses. Tras ese año y medio, como dicta la normativa, la Seguridad Social le abrió un expediente de incapacidad para estudiar su situación. Se constató entonces que la trabajadora padecía fibromialgia y pérdida visual graves. Sin embargo, y asombrosamente, pese a su cuadro clínico, se le denegó su derecho a una pensión. El tribunal médico alegaba que no se detectaban “limitaciones funcionales”.

Reclamación Previa: el INSS da marcha atrás

Esta enfermera tramitó una Reclamación Previa, y pese a que este tipo de gestión suele desestimarse, en su caso no fue así. La realidad se impuso y se le otorgó una incapacidad absoluta. Las dolencias reconocidas en esa ocasión por el INSS fueron “neuropatía óptica bilateral, secundaria a glaucoma. Coroidosis miópica con atrofia coriorretiniana (no mejora). Fibromialgia. Trastorno depresivo reactivo”.

Aun así, eso no era suficiente para Menchu, porque ella necesitaba también la ayuda de terceras personas para las actividades más básicas de su vida diaria, por lo que merecía un grado más de incapacidad: la gran invalidez.

El juicio que lo cambió todo

Una vez valorado su caso en nuestro despacho, presentamos una demanda judicial y fuimos a juicio. Allí demostramos que su situación, centrándonos en sus limitaciones, era incluso peor que lo que la entidad pública argumentó cuando le dio la absoluta. Concretamos que nuestra defendida tenía una disminución severa de la agudeza visual, y que su fibromialgia era de impacto severo, con fatiga crónica intensa (a lo que se añadía el trastorno depresivo).

La jueza afirmó en la sentencia que la pérdida de agudeza visual de la trabajadora era “prácticamente ceguera”. Y a ello añadió que el resto de sus patologías agravaban “sustancialmente su estado general y su autonomía”. Recordemos que la pérdida de autonomía merece la concesión de una gran invalidez. Y así fue. Pero la resolución judicial incluyó mucho más.

2.000 € al mes y 28.500 de atrasos

Primeramente se declaró que Menchu se encontraba efectivamente en situación de gran invalidez, con derecho a percibir el 100% de la base reguladora más el debido complemento. Esto se tradujo en una pensión de 1.050,22 € más 949,99 € por gran invalidez. En total, 2.000,21 € al mes.

Pero, además, la juzgadora fijó la fecha de efectos en julio de 2019, y como esta sentencia se emitió en enero de 2022, dicha decisión significó para la demandante poder cobrar 30 meses de atrasos, es decir, el complemento de 949,99 multiplicado por 30, ya que durante todo ese tiempo solo percibía la incapacidad absoluta (del 100% de su base reguladora, sin ningún plus). Una suma que alcanzó la cifra de 28.499,7 € en concepto de atrasos.

Lee o descarga la resolución judicial aquí:

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